El desarrollo de una infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico ha de ser un elemento asociado a la adquisición del vehículo. En este sentido, se puede decir que la recarga del vehículo eléctrico implica un cambio de mentalidad en el usuario respecto al repostaje del vehículo convencional, ya que para el sistema eléctrico resulta más eficiente y sostenible la recarga lenta de los vehículos y en hora valle (principalmente en horario nocturno). Por tanto, se requiere una mayor planificación y programación en el uso del vehículo y de sus ‘repostajes’.

Atendiendo a lo anterior, la infraestructura vinculada, es decir, aquella en la que los puntos de recarga tienen asignados unos concretos y determinados vehículos para su prestación de servicio, está llamada a ser la principal protagonista en el desarrollo de infraestructura de recarga, tal y como se refleja en el planteamiento de la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico de España. En la infraestructura vinculada se contemplan, tanto los puntos de recarga de particulares (plazas de garaje de viviendas unifamiliares o comunitarias) como los de flotas cautivas de vehículos.

No obstante, resulta también necesaria la disposición de infraestructura de recarga de uso público, donde se consideraría tanto la recarga lenta como la rápida, ya sea situada en aparcamientos públicos, de empresas, centros comerciales y en la vía pública y estaciones de servicio o ‘electrolineras’. Esta infraestructura confiere una mayor seguridad al usuario en la utilización del vehículo eléctrico al permitirle realizar la recarga de la batería, si fuera necesario, para poder llegar al punto de destino.

La infraestructura de recarga de uso público complementa la dispuesta por las flotas corporativas para su uso propio, pero no la sustituye. Para promover la instalación de puntos de recarga, tanto de uso público como privado, el IDAE ha dispuesto, en colaboración con las CC.AA. y en el marco del Plan de Acción 2008/2012 de Ahorro y Eficiencia Energética, líneas de apoyo específicas para tal efecto que gestionan los gobiernos de las distintas CC.AA